• Quienes lo hacen están desesperados por el trabajo y las denuncias que realizamos contra prácticas como la usura institucionalizada: Teresa Carvajal 

Irineo Pérez Melo.- Con información infundada, que circula en las redes sociales, buscan desprestigiar el trabajo que realiza El Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz A. C., Alianza por la Dignidad, acusó su coordinadora Teresa Carvajal Vázquez, quien alertó a la ciudadanía en general a tener precaución y valorar la comunicación que recibe.

En respuesta a dicha nota, en donde conjuntamente con la organización Fuerza Magisterial y el despacho de Abogados Omerta, “pretenden estafar a trabajadores de la SEV y SESVER con su confusión por cobro de préstamos vía nómina”, dijo que este es un “ataque desesperado con intención de desprestigiarnos, por el trabajo y las denuncias que realizamos en contra de las malas prácticas institucionales como la usura institucionalizada, como se le llama a la firma de convenios por parte de las instituciones del Estado”.

Señaló que en lugar de proteger y velar por los intereses de sus trabajadores, acceden a recaudar, vía descuento de las nóminas, los pagos de créditos que ofrecen los particulares por los abusos que se cometen al amparo de la certeza del pago por descuento automático.

Dejó en claro que El Barzón de Resistencia Civil en el Estado de Veracruz, Alianza por la Dignidad, no es una institución ciudadana de nueva creación, “es una Asociación Civil debidamente constituida ante Notario Público desde el año 2005”.

Además, cuenta con todos los registros y permisos que se requieren para la legal operación de la misma, con oficinas físicas en esta ciudad, líneas telefónicas, página web, y redes sociales públicas que cumplen de igual manera con los protocolos de seguridad y protección de datos personales de nuestros asociados, agregó.

Admitió que el año pasado, como parte de las acciones de la Jornada Estatal para la Defensa del Patrimonio Familiar, se convocó a las organizaciones políticas, sociales, educativas, a los gremios y a la ciudadanía en general a la defensa de su patrimonio sobre todo de aquellos que por la crisis económica carecieran de recursos económicos para sufragar los altos costos que la contratación de abogados o un servicio legal especializado, honesto y efectivo les representara.