• Urge una nueva legislación que cierre la puerta a la privatización y permita la planeación consensuada y la soberanía alimentaria: Alejandra Paras.

Irineo Pérez Melo.- Al señalar que la Ley de Aguas Nacionales es ineficaz para evitar la tendencia a la privatización y a la mercantilización, Alejandra Paras, vocera de la Coordinadora Nacional Agua para todos Agua para la Vida, consideró necesario una nueva legislación que cierre la puerta a la privatización, permita la planeación consensuada y garantice la soberanía alimentaria.

En su participación durante la toma simbólica de las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en esta capital por representantes organizaciones ambientalistas de los a estados de Morelos, Veracruz y de la Ciudad de México, realizada en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, destacó la urgencia de respetar el derecho humano al agua y al saneamiento, el combate de la pandemia del COVID-19 con agua suficiente en hogares y clínicas, y análisis de aguas residuales.

Expresó la importancia de combatir el cambio climático con medidas que contribuyan a la regeneración de la naturaleza en las cuencas, y se ponga fin a la contaminación, transparente la información, erradique la corrupción e impunidad entre las autoridades del agua y establezca recursos jurídicos para la justicia hídrica.

La activista sostuvo que después de ocho años de omisión legislativa, la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión tiene la oportunidad histórica de cumplir con su obligación constitucional, pendiente desde el 8 de febrero de 2012, tras la reforma al Artículo 4º de la Carta Magna , la cual mandara expedir una Ley General de Aguas.

Recordó que la Iniciativa Ciudadana, la Iniciativa del Grupo de Medio Ambiente de Morena y la Iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y la Iniciativa de la Comisión de Recursos Hidráulicos que fueron entregados el año pasado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados parten de acuerdos y consensos que se integran en una visión transformativa, producto del consenso de los prominentes de la Ley General de Aguas. Esta visión debe ser dictaminada en una iniciativa que, a su vez, debe ser aprobada por esta Legislatura.

Subrayó que una nueva Ley General de Aguas debe respetar los derechos de los pueblos originarios, ejidos y comunidades, el 25% de las aguas nacionales provienen de territorios habitados, cuidados y defendidos por pueblos indígenas.

Sin embargo, en estos mismos territorios se han entregado 77,619 concesiones de aguas nacionales y 19,503 concesiones de “zonas federales”.

En ese tenor, recalcó que Veracruz es considerado uno de los estados con mayor diversidad biocultural de México. Pese a ello, presenta una de las mayores tasas de deforestación anual, al grado que cerca del 72% de la cobertura vegetal original actualmente se ha transformado en terrenos dedicados a actividades agrícola/ganadera.

Este hecho disminuye la calidad y cantidad de agua disponible en los acuíferos del estado. Cuatro de los ríos más importantes de la entidad presentan fuertes niveles de contaminación producto principalmente de las descargas industriales de aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento deficiente.

Enfatizó que la CONAGUA, al ser una autoridad sin contrapeso alguno, ha sido extremadamente vulnerable a las presiones de grandes capitales. Este fenómeno explica la privatización del agua en el puerto de Veracruz, Medellín y Boca del Río.