• Sin publicar decreto de ley en la materia, se pretende integrarlos al padrón de proveedores del gobierno estatal, haciendo a un lado sus concesiones: Casares Sor de Sans. 

Irineo Pérez Melo.- Concesionarios de la Asociación de Centros de Verificación Vehicular del estado de Veracruz manifestaron su total rechazo a los “supuestos lineamientos” emitidos por las secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado, al pretender eliminar sus concesiones e integrarlos al padrón de proveedores del gobierno estatal, lo cual Va en contra de las leyes establecidas en la materia.
Eduardo Mario Casares Sor de Sans, vocero de esta organización expresó que de aceptar el planteamiento que se les está haciendo “automáticamente perderíamos la concesión que por 50 años se nos fue otorgada y para dar por finiquitada la misma, debe estar acordada por las dos partes, esto es por la entidad gubernamental y el concesionario”.

Además, dijo que el gobierno no puede dar un uso de nuestro patrimonio como le plazca ni cobrar por un servicio que está concesionado a un particular tal y como lo establece la Ley Estatal de Protección al Medio Ambiente, el cual las propias autoridades del ramo lo están violentando.

Aunado a lo anterior, “no pueden sacar lineamientos para el cobro de un derecho, sin haber promulgado el decreto ni incluir en el padrón de proveedores del gobierno estatal si se tiene el estatus de concesionarios, porque no le vendemos nada al gobierno, somos prestadores de servicios de una concesión del medio ambiente, es lo que no quieren entender”.
Lo que pretenden, dijo, es contar con dinero para reclamar a la federación mayores participaciones federales, metiendo estos ingresos como un derecho más, lo cual, si se dan cuenta de esa maniobra, a los responsables no les irá muy bien.

Expresó que los lineamientos dado a conocer, de la cual los concesionarios en su totalidad no los tomaron en cuenta, y al no estar promulgado el decreto correspondiente que los sustente, es considerado ilegal, debido a que se desconocen los alcances del decreto aprobado en diciembre del 2020 por el Congreso del Estado, “por lo que no se puede solicitar opinión alguna sobre algo que no existe ni tiene validez jurídica”.
Del Registro de Concesionarios en la Secretaría de Finanzas y Planeación, señaló que como titular de una concesión que opera desde el 2003, con un contrato a 50 años que se tiene con Sedema para desarrollar infraestructura y brindar servicios a los usuarios en materia de verificación vehicular, no se le puede obligar a ser proveedor del estado, ni mucho menos de Sefiplan ni de Sedema “ya que no proveo de ningún servicio ni vengo bienes al estado”, las funciones autorizadas como concesionario son otras, advirtiéndose que estas instancias estatales desconocen la naturaleza jurídica de la concesión otorgada.

Por cuanto hace al rubro De la generación de los formatos de ingreso para pago referenciado, dejan en completo estado de indefensión a los centros de verificación, violando las garantías individuales de los concesionarios. De la generación del pago de los servicios a los concesionarios no se les indica cómo “vamos a recibir nuestros pagos los concesionarios de Centros de Verificación, en qué plazos, bajo qué reglas y, sobre todo, qué pasará en el momento en que el gobierno del estado, por conducto de la Sefiplan, no pague en tiempo las verificaciones vehiculares obligatorias. ¿Habrá pago de intereses moratorios por dicho retraso?” se preguntó.
En lo relacionado con la solicitud Validar un reporte de recaudación, señala que no está claro cómo funciona o cómo se presentará el mismo, dónde y cuándo; qué pasará cuando la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria no remita o retrase la entrega de dicho reporte a la Dirección General de recaudación y ésta última no haga los trámites necesarios para liberar los recursos económicos y nos pague las verificaciones realizadas.

Por todas estas irregularidades, ilegalidades e inminentes violaciones a los derechos humanos es que se inconforman los concesionarios, quienes advirtieron con tomar las oficinas de la Sedema para exigir mayor transparencia en este proceso.

De igual manera, reiteró que en cuanto salga la publicación del decreto, se ampararán contra del mismo, al estar en juego la concesión que el gobierno estatal les otorgó, por un plazo de 50 años, para ofrecer el servicio de verificación vehicular que apenas lleva alrededor de 18 años de vigencia.