Este órgano resolvió hace un año que debería pagar a 52 agentes y subagentes municipal y no cumplió.

Irineo Pérez Melo.  Agentes y subagentes municipales de Juchique de Ferrer solicitaron al Congreso del Estado inicie un juicio de procedencia en contra de la alcaldesa Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo, por el incumplimiento a una resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Veracruz quien le ordenó otorgar remuneración económica.

En conferencia de prensa, Enrique Viveros, agente municipal de Santiago Xihuitlán, a nombre de los servidores públicos municipales afectados por esta situación, a los 52 representantes de igual número de comunidades, a quienes se les debió haber cubierto $7,200.00 mensuales.

Por tal motivo, dijo que el ayuntamiento debe pagar alrededor de 4.5 millones de pesos; sin embargo, la justificación que da la alcaldesa es que no tiene dinero, “pero tampoco hay obra en el municipio”.

Mencionó que los integrantes del cabildo de Juchique de Ferrer desacataron una determinación del TEV, quien resolvió se les restituyera en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, solicitando el pago de una remuneración del cargo que ostentan.
Ante esto, dijo que se han promovido tres incidentes de incumplimiento de la sentencia, siendo la primera el pasado 15 de octubre del 2020, declarándose la sentencia principal y se amonestó a los integrantes del cabildo y tesorera municipal.

El segundo incidente se resolvió el pasado 24 de noviembre, siendo incumplida también, por lo que se impuso a la presidenta municipal, síndico único, regidor único y tesorera del ayuntamiento la medida de apremio consistente en multa de 25 UMAS, equivalente a $2,172.00, la que deberán pagar individualmente y de su patrimonio.

Además, se les apercibió que, de incurrir en el incumplimiento del fallo, se dará vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que en el ejercicio de sus funciones analice y determine lo que conforme a derecho proceda ante el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de los servidores públicos municipales.

El tercer inci