• AMLO no da alternativas para emplear a este sector laboral, lo que generaría abuso a trabajadores y más evasión fiscal: Ricardo Espinoza. 

Irineo Pérez Melo.- El outsourcing, entendido como trabajo de terceros hacia una empresa con producción básica, debe existir y coexistir debidamente regulado, desde el punto de vista laboral, “es peligroso si no se toca adecuadamente, porque están en riesgo más de 4.5 millones de empleos debidamente remunerados”.

Esto lo aseguró Ricardo Espinoza López secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), quien consideró que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 15 ya lo regula bastante bien, “y lo que ha pasado es una falta de supervisión (por parte de las autoridades correspondientes) para que no se den abusos a los trabajadores y que no haya evasión fiscal”.

Entrevistado en torno a la propuesta de la reforma en materia laboral sobre la desaparición de esta figura, sostuvo que se entorpecerá la operación de las empresas que mantienen laborando a este número de trabajadores y pondrá en riesgo el empleo de los mismos.

“Como siempre, este gobierno da el garrotazo, pero no da la solución. La solución no es volver a un esquema frío, como antes de la reforma del 12, del trabajo de terceros, porque incluso se llega a prestar a más simulación y a más simulación de derechos, tanto laborales como fiscales. Cuando se reguló en el 2012, se dio un esquema que es perfectible, pero que no debe ser abolido, debe ser perfeccionado”, apuntó.

En ese tenor, se preguntó: ¿Qué nos interesa a nosotros? Y respondiéndose dijo: Que esta regulación del outsourcing, el insourcing o cualquier modalidad de empleo que se pueda generar, como el teletrabajo, el trabajo a distancia, en cualquiera que se pueda generar, siempre debe estar cubierto los derechos de los trabajadores en la parte individual, en la parte colectiva, en la parte prestacional, en la parte de libertad sindical, en la parte de un derecho colectivo en la firma de contratos colectivos que se puedan dar y que además se garantice la transparencia en el pago de impuestos, respectivamente.

Mencionó que, si en esta reforma no da esto, excelente; pero si nos da esto, es una reforma como ha sido en este gobierno, eminentemente política; para golpear a un sector de la sociedad y en este caso un sector de los inversionistas.

Expresó que el movimiento obrero sí apoya dicha reforma siempre y cuando pueda proteger todos los derechos de los empleadores y de los trabajadores; y todo aquello que vaya en contra de las ilicitudes, estamos de acuerdo; pero si esta reforma lo que pretende es pegarle políticamente a un grupo de empresarios, para que a su vez se pierdan empleos no la podemos aprobar.

“Me parece que esta segunda parte, en esta iniciativa al menos, le ha faltado sensibilidad para platicar con los sectores de la producción, como son los empleadores, los sindicatos, ha faltado diálogo crucial con la intervención del gobierno para llegar a acuerdos sustentables, que puedan garantizar la permanencia de la base laboral, la estabilidad laboral, la inversión y el empleo”, abundó.

• ¿Qué riesgos implicaría para el sector laboral de no atenderse estos planteamientos que nos hace? Se le preguntó.
• Precisamente, si la ley no está previendo el caso de mantener empleos, generar empleos, proteger derechos de los inversionistas, sus derechos de invertir y de producir, entonces no estamos en presencia de una ley que corresponda a la realidad actual, de crear empleos y salarios, porque sería nada más política y esto lo que va a generar es que muchos empleadores se desanimen y que en todo caso ya no inviertan y no pierdan, y volvemos a lo mismo que ha sido este gobierno, crear desempleos, bajos salarios, acabar con las instituciones, en lugar de corregirlas, mejorarlas, transformarlas, simplemente las acaba.

  Insistió que el outsourcing no debe desaparecer, el carácter de terceros, que debe existir, que debe ser regulado y que debe ser transparente, y que debe garantizar los derechos de los inversionistas o empleadores, y que los trabajadores y que el estado reciba su pago respectivo de impuestos, la fiscalización debe existir, pero no se puede acabar las instituciones a cambio de nada.

  “Si aquí nos dijeran: acabamos con el outsourcing, pero vamos a dar estas garantías que el empleo se mantenga, pero no hay garantías de ello; lo que se busca es acabar con una figura laboral, lo cual pondría en riesgo a unos 7 millones de trabajadores, los que de alguna manera están protegidos y unos 4.5 millones debidamente regularizados. Van a acabar con el empleo, pero no ofrecen una alternativa”, puntualizó.

  Y fue más allá al señalar que “hay un error estratégico y una falta de visión y de idea política, lo cual afectaría la productividad, la producción y la inversión en el futuro, por lo que todo lo que vaya a favor de los trabajadores y empleadores, lo apoyaremos; todo lo que vaya en contra de ellos, no lo respaldaremos”, finalizó.