• Denuncian ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción a la jueza Gemma Méndez García, por abuso de autoridad y contra la administración de la justicia. 

Irineo Pérez Melo.- Mientras los integrantes del Poder Judicial se están peleando para ver si quitan o ponen a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, “los jueces en la entidad andan sueltos y hacen lo que quieren”, en detrimento de la impartición de la justicia, acusó el abogado Jorge Reyes Peralta.

Al acudir ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción para denunciar a la jueza Gemma Méndez García, del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Orizaba, por los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de la justicia, acción que afecta de manera directa a la ciudadana Samira Kuri Palacios.

Como su representante legal, explicó que su clienta tiene la guardia y custodia de sus dos hijos: Vicente y Samantha “N”, por un convenio de divorcio con el padre de los infantes, Vicente Ferrer Mejía y que fue aprobado por la resolución judicial del 23 de junio del año en curso, en el expediente 451/2020, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familia de Orizaba.

Sin embargo, dijo, el pasado 4 de septiembre, el padre de los menores fue por ellos a la ciudad de Puebla, que es donde vivían y que por el acuerdo que se tenía podía convivir con ellos los fines de semana, se los trajo a Orizaba y cuando la madre pidió se los devolviera, éste le dio evasivas y en 72 horas, con todo y la pandemia, la jueza Gemma Méndez García le dio la guardia y custodia a Paulina Ferrer Mejías, hermana del señor.

Por tal motivo, el abogado acusó a la jueza de proceder irregularmente, a quien no le importó porque jamás exhibieron la guardia y custodia que tenía la señora, sino que ésta decidió darle la guardia y custodia a la tía de los menores, diciendo el padre que la señora maltrataba a los niños y les daba malos ejemplos, siendo que se acaban de divorciar.

Ante la presunción de un hecho de corrupción por parte de esta servidora pública, fue que se procedió a interponer esta denuncia ante la fiscalía correspondiente, tanto en contra de la Jueza, como de la secretaria de Acuerdos, Eloísa Román, pues actuaron em 72 horas a favor de Paulina Ferrer, luego que su hermano promovió el depósito de los menores, el 8 de septiembre, llegando al acuerdo el 9 de septiembre sin practicar una diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida.

A su vez, la afectada, Samira Kuri Palacios, quien dijo ser ama de casa y accedió a vivir en la ciudad de Puebla en acuerdo con su exesposo Vicente Ferrer Mejías, quien es dueño de la empresa de reciclaje Omnigreen, S. A. de C. V., ahora no le permite ver a sus hijos con el apoyo de su familia.

“Están maltratando psicológicamente a mis hijos (…) ellos deben de estar conmino, pues la jueza establece la convivencia con ellos que sea por medios electrónicos”, aseguró.

Por tal motivo, dijo por último el litigante que acudirán también ante el Consejo de la Judicatura para presentar una queja administrativa y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que aunque no tiene facultades para intervenir, la progresividad de los derechos humanos hará que actué este organismo.