Irineo Pérez Melo.12 de Octubre dl 2020.  Por la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos se debe sancionar a los funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), quienes durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares violaron los derechos humanos  de aquellos que reclamaban el pago de adeudos y hasta la fecha no se les ha cubierto.

Esto lo dio a conocer el abogado José Llanes Gil del Ángel, durante una conferencia de prensa y charla informativa dirigida a socios de la organización Empresas SOS, sobre el alcance de la Recomendación No. 155/2020 que emite la CEDH al Gobierno del Estado de Veracruz, que resolvió que hubo violación a la seguridad jurídica de los empresarios proveedores de la administración estatal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
En la misma, dijo el jurisconsulto, hay un número indeterminado de víctimas y que la violación, hasta el día de hoy, aún prevalece y la CEDH pretende tutelar con esta recomendación a todos aquellos que se vieron violentado su derecho a la seguridad jurídica”.

Explicó que, a partir de esa recomendación, la Sefiplan deberá iniciar una investigación en contra de aquellos servidores públicos que fungieron en las administraciones de Duarte y de Yunes por la violación de los derechos humanos de las víctimas.
en el caso de la presente gestión, si hubiera omisión de los servidores públicos, también que haya una sanción, advirtió el abogado, al tiempo de señalar que en toda la historia del organismo ombusman solo se han presentado dos recomendaciones de este tipo.

En ese tenor, estimó que la recomendación será aceptada por la Sefiplan, porque con ello habría congruencia de un gobierno que ha presumido el respeto a los derechos humanos, pero porque es políticamente correcto.

Ante la situación imperante, planteó cuestionar a José Luis Lima Franco, titular de la Sefiplan, sobre sí hay intenciones de pagar a los afectados, no por las deudas de las administraciones pasadas, sino porque son adeudos institucionales o pretende prolongar la violación de los derechos humanos de los empresarios.

Hizo alusión que durante los gobiernos anteriores se compraban bienes, servicios y mandaban realizar proyectos de obra pública a través de la iniciativa privada, no obstante, se dejó de pagar durante el duartismo. “En esa administración comenzó a acumularse una deuda impresionante que afecto a cientos de proveedores”, abundó.
De la obra pública realizada durante el periodo de 2010-2016 en la entidad veracruzana, sostuvo que solo se pagaron unas cuantas, donde el costo de las mismas fue cubierta por la iniciativa privada, con la expectativa de recibir el dinero invertido, cosa que no sucedió.

Llanes Gil del Ángel, recordó que este problema se presentó desde el 2010 y hasta el 2016 y, posteriormente, en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, únicamente se simuló la intención de pago.

«Es una violación de tracto sucesivo, que comenzó con Yunes,  y  se ha perpetuado en este momento. Yunes gobernó dos años, éstos ya llevan dos años y el problema persiste, porque la violación a la certeza jurídica dejó a un número indeterminado de víctimas, conforme a lo definido por la CEDH”, puntualizó.

Rememoró que durante la administración de Yunes se emitió un acuerdo por el que se instruía a la Sefiplan a revisar y validar los adeudos de 2010 a 2016, a cargo de las distintas dependencias con proveedores y contratistas.

Sin embargo, para ese entonces el discurso estaba «cifrado» en lo que interpretaban en la «necesidad» de pagar adeudos inexistentes, porque una de las estrategias de Javier Duarte fue la creación de empresas fantasmas y el gobierno estatal, en 2017, decidió que iba a revisar y validar esos adeudos para pagarlos, pero obviamente no tendría sentido revisarlos, si no estaban destinados a pagarse.

El 25 de febrero de 2018, el Gobierno informó que comenzaría a pagar la deuda, ello con base en distintas publicaciones de medios de comunicación, donde recordó que el entonces candidato a la gubernatura indicó que el adeudo era de 40 mil millones de pesos, posteriormente, dijo que éste era de apenas 4 mil millones de pesos.

Finalmente, señaló que al no ver que tampoco les iban a pagar decidieron interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por ello el 22 de octubre de 2018, concurrieron a la Comisión a presentar las quejas por el fraude que cometió en su contra el gobierno de Javier Duarte.

Después fueron víctimas del engaño que perpetró el gobierno de Yunes al emitir un acuerdo que no se iba a cumplir, sino a simular que iba a repararse ese daño, y en el actual se sigue esperando se cubra dicho adeudo, concluyó.