“Es muy caro, nos cuesta mucho dinero y prácticamente los resultados son muy magros. Si vemos lo que cuesta el Orfis, debe costar un rango de 6 mil millones de pesos al año y cuando sacan auditorías solamente le determinan a municipios que manejan 40 a 50 millones de pesos “, añadió.

En síntesis, dijo, logran observar 50 millones en 212 ayuntamientos, pero para salir que son observaciones menores, por lo tanto, es muy cara la fiscalización, de 6 mil millones de pesos, donde prácticamente nos lo pudiéramos ahorrar, porque no cumplen con su función y el espíritu para lo cual fueron creados.

En ese tenor, consideró que es otro cochinero del mismo sistema, porque se supone que estos órganos de control iban a cumplir con esa función, pero formal parte de la misma suposición; diría alguien, empezamos a tratar de amarrarle las manos a los funcionarios, pero los contralores, por permitirles esos actos de corrupción le entran y se va haciendo esa cadena de corruptos.

Por otro lado, dio a conocer en la rueda de prensa, la alianza estratégica que tienen con organismos de talla internacional para proseguir con los procesos jurídicos y legales de las denuncias que interpondrán en contra de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a nivel federal, y de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en el estado, por los actos de corrupción en que han incurrido en la ejecución de las obras carreteras de la entidad.
Dio a conocer que en los últimos tres meses se consiguió la remoción del director del Centro SCT-Veracruz, Julio Regalado de la Vega, lo cual resultaba imposible, al demostrarle al titular de la SCT, los actos de corrupción que se dieron, obras pagadas y no ejecutadas; obras mal hechas, que no cumplían con lo pactado y se pagaban en su totalidad.
Dijo que. por ese motivo, del análisis que se hizo de la infraestructura carretera, se tiene un desastre en todo el estado en el ramo de las carreteras federales, pero también en lo correspondiente al estado, las obras del estado están abandonadas y pagadas, y es por eso que no tenemos desarrollo, porque lo poquito que llega, en lugar que se traduzca en empleo e infraestructura, no se hace.

Citó como ejemplo una obra localizada en Coatzacoalcos y otra en la ciudad de Córdoba que fueron ejecutadas con recursos del estado, las cuales se pagaron y no se realizaron conforme a los requisitos técnicos especificados.

En tanto que en el rubro federal, se tiene una obra ubicada en los límites de Veracruz con Chiapas, en Las Choapas, se dejaron de perder más de 100 millones de pesos, por caprichos del director que pretendía imponer a una empresa de Chihuahua, que era de su grupo y que al postergarse su realización, el recurso se perdió y no fue ejecutada.

“Podemos mencionar cientos de obras, tenemos expedientes completos, pero lo importante es que se da un manotazo en la mesa. Este funcionario ya se fue y hoy viene uno nuevo”, añadió.

Se logró este objetivo, pero quedan funcionarios de talla media que están haciéndole mucho daño a Veracruz, como es el caso del ingeniero Aureliano Guzmán, residente general, que aunque es un puesto de bajo perfil, son áreas más corruptas que la misma dirección, añadió.

Mencionó que la denuncia penal se hará una vez que se conozcan los resultados de la auditoría que se le practica a la Dirección del Centro SCT-Veracruz, por lo que nos estamos acuerpando con los conocedores del marco jurídico, para poder establecer una buena denuncia y no se nos caiga por la falta de un proceso limpio

“Queremos que no nos pase lo que usualmente sucede en México, se hacen denuncias, pero por no respetar el debido proceso, se caen; mediáticamente, ya los encarcelamos, pero legalmente nunca los tuvimos en la cárcel; como es el caso que se hizo con (Emilio) Lozoya, para quedar en nada”, concluyó.

El dirigente constructor estuvo acompañado en la rueda de prensa por el doctor Mario Flores, de la alianza Internacional de Abogados; Ricardo Beltrán, líder nacional de abogados en México, y Nicolás Plascencia, dirigente del Sindicato Nacional de Infraestructura.