Irineo Pérez Melo.10 de Septiembre del 2020.  El Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, A. C., exhortó al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) a revisar los convenios de los créditos que descuenta de la nómina de pensionados y jubilados otorgados por casas de préstamos particulares, por cobrar tasas de interés excesivas.
Teresa Carvajal Vázquez, representante legal de esta organización, expresó la importancia de llevar a cabo esta revisión porque el instituto se obliga a cargar los pagos mensuales del crédito a su pago mensual como jubilado para enterar a la empresa que otorgó el crédito a cambio del pago del 5% del pago mensual neto libre de impuestos sobre el total retenido como contraprestación por “gastos de administración” que percibe la empresa.

“Es por ello que se está exhortando al IPE a revisar los créditos que se descuentan de la nómina de los pensionados y jubilados, y que son otorgados por causas de préstamos particulares debido a que sus tasas de interés no se ajustas a los criterios jurisprudenciales”, añadió en conferencia de prensa virtual.

Esto, dijo, derivado de la vigencia de dichos contratos, desconociendo el universo de acreditados, pensionados y jubilados que puedan tener esta modalidad de crédito vigente, firmaron una autorización irrevocable para el descuento del pago de nómina, afectándolos en un alto porcentaje como lo es del 38%, lo que les impide reducir el pago en estos momentos en que los efectos económicos de la pandemia están causando graves estragos a todos.
Y toda vez que el Instituto fue creado bajo la visión de otorgar a las y los trabajadores al servicio del gobierno, de los municipios, del magisterio, y de la universidad veracruzana, la esperanza de un futuro sin angustias y sin sobresaltos, un ideal justo para todas aquellas personas que han dedicado su vida laboral al servicio del gobierno, como docentes, educadores, municipios y oficinas públicas, que cuenta con altos valores y principios éticos, apuntó.

Por tal motivo, “hacemos un atento exhorto al IPE por conducto de quien resulte competente y facultado legalmente que proceda a la revisión de los contratos de crédito apartado de tasas de interés que al amparo de sus propios ‘convenios de coordinación y concertación con los sectores social y privado’ se están aplicando a pensionados y jubilados, por considerar que no se apegan a los criterios jurisprudenciales y judiciales que imperan en la solución de controversias judiciales.
Y es que el IPE tiene celebrados convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privado, y con las empresas Intermercado, S. A. de C. V., Crediland, S. A. de C. V., CIEP Procasa de Xalapa S, A. de C. V., siendo esta última la acreedora del siguiente caso que se expone a la opinión pública que opera bajo la marca de “Crese tú Crédito Seguro” para colocar créditos a través de la empresa Prestacción S. A. de C. V.

Del caso de una profesora jubilada, adulta mayor, originaria de Teocelo, Veracruz, que en 2018 firmó un contrato de apertura simple (en su modalidad de contrato de adhesión), con la empresa comercial CIEP, PROCASA DE XALAPA S. A. de C. V. la que opera bajo la marca “CRESE TU CRÉDITO SEGURO” para colocar créditos a través de la empresa PRESTACCIÓN S. A. de C. V.

El crédito fue por 342 mil pesos con un pago mensual de 12 mil 376.81 pesos que son descontados por el IPE de su pensión, a cambio del pago del 5% del pago mensual neto libre de impuestos sobre el total retenido como contraprestación de esta retención que hace denominada gastos de administración aplicada a pensionados y jubilados.

Sin embargo, en agosto pasado y haber pagado 346 mil 550.45 pesos, se dio cuenta que la cantidad que se obligó a pagar en un plazo de 60 meses fue por 742 mil pesos, con una tasa del 31.11% anual y que en los primeros meses solo abono 2 mil pesos a capital y más de 10 mil pesos mensuales a intereses e impuestos.

En ese tenor, la barzonista dijo que la tasa de intereses aplicado a la citada profesora es excesiva y no se ajusta a la tutela impuesta por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque firman una autorización irrevocable para el descuento del pago en su nómina, con afectaciones de hasta el 38%, lo que les impide reducir el pago en estos momentos en que los efectos económicos de la pandemia están causando estragos a todos.

“Las casas de préstamos tienen garantizado su pago mensual vía descuento a nómina, por lo que obliga a los acreditados, vía judicial, en caso de querer hacer un reclamo con los consecuentes costos de tiempo, dinero que ello implica y el obstáculo de la restricción de la movilidad”, añadió.

Finalmente, sostuvo que no olvidemos que los adultos mayores son una población vulnerable no solo a la enfermedad, sino que sus necesidades han variado en estos momentos en los que probablemente necesitan de mayor asistencia, y enfrentar los aumentos y costos de la atención de su salud y alimentación en momentos críticos.