Incurrieron en delitos de ejercicio ilícito del servidor público, contra la administración de justicia y por informes falsos: Enrique Cambranis. 

Irineo Pérez Melo. 10 de Agosto del 2020.  Los diputados locales, entre ellos los 8 panistas, que aprobaron la designación de los seis nuevos magistrados del Poder Judicial del estado de Veracruz podrían ser sujetos de responsabilidades por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, contra la administración de justicia y por informes falsos.

Así lo dio a conocer en videoconferencia el diputado local panista Enrique Cambranis Torres, quien dio a conocer que por ese motivo el pasado 7 de agosto presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal en contra de los diputados integrantes de la Mesa Directiva, la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la Secretaría General del Congreso del Estado, así como en contra del Consejo de la Judicatura y el consejero represerntante del Poder Legislativo por dichos nombramientos.

Y es que el Congreso del Estado, el pasado 30 de julio aprobó los nombramientos de seis magistrados, a pesar de que en tres casos había una resolución de un amparo a favor de ellos.

En dos casos (de los magistrados Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo) el amparo se les otorgó desde diciembre de 2019, quienes recurrieron a la justicia federal por la reforma que se hizo en ese momento a la Ley Orgánica del Poder Judicial para jubilarlos al cumplir 70 años de edad, resolviendo la Corte a su favor, lo cual era un impedimento para ser removidos de sus cargos.

De todo esto ya tenía conocimiento la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a pesar de ello, aceptó el dictamen emitido por el Congreso local designado a Ailett García Cayetano, Itzel Castro Castillo, Antonio Sobrevilla Castillo, Alma Rosa Flores Ceballos, María Lilia Viveros Ramírez y Lizbeth Aurelia Jiménez.

En ese tenor, dijo que la denuncia presentada “puede recaer en cualquier miembro (del Congreso del Estado) que haya votado a favor del nombramiento y la sanción puede llegar hasta la inhabilitación de sus cargos, en caso de resultarles alguna culpabilidad de estos hechos”.

El legislador panista sostuvo que se tenía conocimiento, no de todos los diputados, que había por lo menos dos amparos para que quedara suspendido al menos los nombramientos de dos magistrados.

“El día de la sesión nos enteramos que eran tres, por lo tanto debían nombrar solo tres magistrados, pero no se hace y entonces se incurre en estos delitos, por lo que debe haber un castigo ejemplar, porque sería lamentable que se rompiera el estado de Derecho por parte del Congreso del Estado”, añadió.

Finalmente, expresó que corresponderá a la justicia federal determinar la responsabilidad que cada legislador o integrante del Poder Judicial tuvo en este asunto y la sanción puede llegar hasta la inhabilitación a ocupar algún cargo