• Piden a la FGE y la Fiscalía Anticorrupción resuelvan denuncia presentada contra exfuncionarios de SSP por desvío de recursos y falsificación de firmas: Óscar Juárez.  

Irineo Pérez Melo. 04 de Agosto del 2020.  A más de 5 años de su desaparición de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihualtán-Coatzintla, los 400 trabajadores de esa extinta corporación realizaron una manifestación pacífica en donde denunciaron que fueron objeto de la falsificación de firmas para cobrar sus finiquitos, aseguró su representante jurídico Ader Óscar Juárez Téllez.
En entrevista, durante el plantón realizado en las escalinatas de la Catedral Metropolitana denunció que exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa cobraron 9 millones de pesos que les correspondía como liquidación para 135 de los 400 elementos que conformaban esa corporación.

Explicó que en su oportunidad se demandó por despido injustificado de más de 400 trabajadores, “perdimos los laudos en lo Contencioso Administrativo y nos enteramos que fuimos liquidados conforme a la ley con unos cheques turnados de Banorte a cada extrabajador con un monto de más de 9 millones de pesos”.

Por este motivo, dijo, se interpuso una denuncia el 24 de octubre de 2019 con el expediente número 808 para demandar a quien resulte responsable de los servidores públicos por desvíos de recursos y falsificación de cheques.

Expresó que se está denunciando a Alejandro Contreras Uscanga, exjefe de la Unidad Administrativa de SSP; LAE Aurelio Lazcano Guerrero, exjefe de Recursos Humanos; José Luis Navarrete Ortega, jefe de Finanzas; José Luis Villa Sánchez, exjefe del Departamento de Recursos Humanos; Luis Rafael Sánchez Infante, director Jurídico y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, así como a Ulises Rodríguez Landa, actualmente Jefe de la Unidad Administrativa; y actualmente, Noemí Liliana Lozada Hernández, administración de Recursos Humanos, de dicha Unida.

Recordó que el despido injustificado se dio durante el 1 de julio de 2015, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en donde trabajadores de las áreas de enfermería, policías, operativos, administrativos, de talleres y demás, quedaron desempleados luego de estar laborando en la corporación por más de 15 años.

Explicó que ese día llegaron policías estatales a las oficinas de la Policía Intermunicipal, concentrando a todo el personal, los des-uniformaron, los desarmaron y los dieron de baja, haciéndolos firmar su renuncia bajo presión, lo cual fue muy cuestionado, ya que no hubo ningún argumento legal para su despido, “nos etiquetaron como policías que andábamos mal, cuando la mayoría de los que corrieron tenían más de 60 y 70 años de edad”, añadió.

Finalmente, expresó que el monto total de la liquidación fue de 20 millones de pesos lo que se adeuda a los más de 400 extrabajadores de esa extinta corporación policiaca, por lo que hizo un llamado a la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, y a la Fiscal Anticorrupción Clementina Salazar Cruz, para que atiendan esta denuncia y nos den respuesta a favor, que se dé un verdadero estado de derecho.