• Lo acusan de corrupto al favorecer a un empresario para despojarlo de sus predios. 

Irineo Pérez Melo.  Posesionarios del Ejido de Santa Ana Atzacan, del municipio de Atzacan demandaron la intervención del Senado de la República para revocarle los nombramientos de magistrados federales y actuarios corruptos que simulan aplicar la ley, favoreciendo a quienes pagan por sus servicios.

Además, exigen además la cancelación de los juicios maquinados y simulados por personas ajenas a la propiedad privada, de origen parcelario, de la cual son propietarios desde el 2018, al tener la posesión de las parcelas desde el 2015.

En un escrito dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, signado por el ciudadano Paulino López Anzures, representante de los más de 60 colonos posesionarios de dicho ejido, ubicado en los límites con el municipio de Orizaba, denunciaron directamente al Juez Adalberto López Pozos, estando en funciones en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Orizaba, Veracruz de favorecer al empresario Orlando López Olivos, al ampararlo una vez que se solicitó al citado Juez cancelar las anotaciones marginales y arbitrarias de sus escrituras públicas pasadas ante la fe del notario.

El citado togado, giró oficios al Registro Público de la Propiedad de la ciudad de Orizaba, al día siguiente de recibir una demanda maquinada y simulada, manteniéndola en secreto, y favoreciendo tal y como se lo pide el  citado empresario, para impedir dar seguimiento a los trámites de escrituración de los lotes que corresponden a los colonos propietarios, que cuentan con legítimos derechos para ello, al contar con la cesión de derechos de las parcelas 194 y 195 firmados por los ejidatarios propietarios desde el 2015.

Ante ello, los magistrados del Segundo Tribunal Federal los que protegen y amparan al empresario Orlando López, en base a una sentencia maquinada por el Juez Adalberto López Pozos, a quien le ordenan subsanar y cambiar la sentencia, emitiendo una nueva, “violando nuestras garantías constitucionales para seguir favoreciendo los intereses del maquinador y simulador de demandas, dándole opción al falso comprador de escudarse con que la ley es la ley  con la pretensión perversa y maquinada de cancelar ilícitamente nuestras Escrituras Públicas, pasadas ante la Fe de Notario Público”.

En el documento hecho llegar al Senado de la República, se expone que pese a que se ampararon en contra de esa resolución indebida y fuera de la ley, los magistrados federales siguen protegiendo al empresario, negándonos a los verdaderos propietarios y posesionarios ampararnos, argumentando que presentamos nuestro Amparo en forma Extemporánea.

Sin embargo, se menciona que de igual manera la actuaria federal no realiza la Notificación correspondiente a los abogados que nos representan, situación que ya se ha hecho del conocimiento de las autoridades judiciales y magistrados del estado de Veracruz, pero no dan respuesta a la petición realizada.

Entre los posesionarios hay una gran preocupación, porque con esta acción legaloide del corrupto Juez citado, quien no solo canceló medidas cautelares ilícitas, ahora, tiene la perversa intención de favorecer al empresario Orlando para despojarnos y entregarle nuestras tierras y pretende cancelar las escrituras para apoderarse de nuestros predios.

El juez Adalberto López Pozos cuenta con un historial de corrupción en todos los lugares en donde ha sido adscrito, en la que de acuerdo a las denuncias de ciudadanos y abogados  dan cuenta de ello sobre las injusticias y tráfico de influencias en las que ha incurrido en cada Distrito en donde lo asignan como Juez.

Destacan que en el 2006 fue denunciado públicamente por ciudadanos y Abogados del Distrito de Tuxpan, Veracruz, por injusticias y tráfico de influencias; en el 2011, abogados de Poza Rica pidieron su destitución como Juez Segundo de Primera Instancia, al señalarlo de tomar una actitud parcial en sus resoluciones.

De igual manera en el 2015, habitantes de las comunidades de Tetelcingo, Cuiyachapa, El Sauce, El Aserradero y Potrerillo del municipio de Coscomatepec casi fue corrido “a patadas” del Juzgado Mixto de Huatusco, luego de ser “secuestrado” para que liberara a la señora María Belén Saavedra Huerta de 64 años, acusada de despojo y recluida en penal de La Toma en el municipio de Amatlán, denunciada por una Defraudadora.

En el 2017, fue acusado de incapaz y negligente en su desempeño como Juez en el Distrito de Orizaba y en junio de este año, los posesionarios del Ejido Santa Ana Atzacan, lo denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por las irregularidades, corrupción e intereses que favorecen al empresario Orlando López Olivos.

Actualmente, se desempeña como Juez Cuarto de Primera Instancia en el Distrito de Veracruz, en donde sigue incurriendo en estas mismas irregularidades, de ahí la urgencia de que el Senado de la República intervenga para exigir su remoción como juez federal.