Piden que MIYULI y 4 diputados locales comparezcan ante el Congreso de la Unión
**Evaden su responsabilidad en torno a recomendaciones de la declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado: OCNF
Irineo Pérez Melo
Xalapa, Ver.- 28 de Noviembre del 2017. Miembros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, exigieron a la Comisión Especial de Alerta de Violencia de Género del Congreso de la Unión llame a comparecer al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y cuatro diputados locales, e iniciarles un juicio político por evadir su responsabilidad en torno a las recomendaciones de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.
En conferencia de prensa, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio e integrante de la organización Por el derecho a decidir, acusó que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo acataron las recomendaciones del grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim) para reformar el Código Penal y garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Acompañada de Alma Celia Sanmartín y de la maestra Patricia Bedolla Zamora, expuso que ya se hizo la comunicación formal a la diputada federal Karen Hurtado Arana, presidenta de la citada comisión legislativa, en donde se argumenta que tanto el Ejecutivo del Estado como los diputados Gregorio Murillo Uscanga, Bingen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y la diputada Teresita Zuccoloto Feito, deben responder por sus acciones y omisiones que obstaculizaron el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la segunda solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género comparado para Veracruz.
Destacó que una de las recomendaciones a las que se hace referencia en el documento fueron notificadas a los tres poderes del estado de Veracruz por la Conavim, luego de que el grupo interinstitucional y multidisciplinario concluyera que en la entidad hay un contexto de discriminación, debido al marco jurídico y a la política pública vigente en materia de salud sexual y reproductiva que trasgreden los derechos humanos de las mujeres.
Una de las principales recomendaciones, dijo, fue modificar el marco jurídico existente para dejar de criminalizar a las mujeres y niñas, que aún siendo víctimas de violencia sexual son obligadas a continuar con embarazos no deseados.
Recordó que el pasado 22 de septiembre en el Congreso local, sin dar cumplimiento a su reglamento interno y en una decisión parcial encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN), tres comisiones legislativas dieron carpetazo a la iniciativa con la cual podría instrumentarse en Veracruz la interrupción legal del embarazo. El dictamen emanado de dicha sesión ilegal fue posteriormente avalado por el pleno, añadió.
“Teniendo la oportunidad histórica de ser la segunda entidad en el país que avanzara en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos atendiendo a los más altos estándares en materia de derechos humanos, los diputados desecharon la iniciativa”, agregó
Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, señaló que pese a haber aceptado las recomendaciones que hizo llegar la Conavim, solo se tienen documentadas omisiones y evasivas, pues el Gobernador incumplió su palabra y no presentó iniciativa alguna.
Es más, ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Salud, principales entidades dependientes del Ejecutivo involucradas en implementar las recomendaciones, hicieron su trabajo ni se les instruyó para que cumplieran, advirtió.
En ese tenor, destacó que temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres, el acceso a la justicia, la salud sexual y reproductiva, entre otros, al parecer no fueron dignos de atender por la administración, lo que resulta una violación a la Carta Magna.
“Para las activistas, más allá de la inminente segunda declaratoria de alerta por violencia de género en el estado, el Gobernador y los diputados locales deben responder por haber incurrido en actos contrarios a la Carta Magna al evadir su responsabilidad durante este proceso”, concluyó.