RAFAEL MARIN MARIN

Primera de tres partes

Nunca, jamás, porque el Estado de Derecho es la supremacía más apreciada e incuestionable, enhiestitud plena que tiene un pueblo, una nación, para buscar mantener sus instituciones firmes, solidas, para aspirar a vivir en una convivencia jurídicamente civilizada.

Parece que a todos los que aspiran a gobernar este país o lo han gobernado o lo gobiernan, tienen una singular enfermedad que se llama “reformitis constitucional aguda” o “síndrome del ignorante jurídico”, que no son otra cosa que el desconocimiento pleno de lo que significa el Estado de Derecho y por supuesto “la constitución federal”, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero además, distan quienes piensan así, mucho de lo que dicen ser, animales políticos zoon politikón o estadistas. Nada más cierto que eso.

El Estado de Derecho, tanto se traduce en norma, en ley, en la aplicación de la misma constitución y normas secundarias, que no son otra cosa que darle justicia a quien le corresponde, de ello, se encarga el Estado y sus instituciones, es decir, los poderes de la unión, legislativo, ejecutivo y judicial, en cada una de sus funciones y, en los estados y municipios sus pares o iguales.

La constitución política de México ha tenido más reformas que aciertos de las mismas, si pudiéramos imaginar sus portadas con tantas reformas unas por cierto inconstitucionales o innecesarias, estaríamos ante un traje de arlequín, es decir hecho de muchos pedazos de “tela legislativa”, que ni el propio legislador llega a entender, ni el poder ejecutivo que debe trabajar bajo la máxima democrática de gobernar obedeciendo, o del poder judicial cuya honorabilidad es ampliamente cuestionada por un supuesto plagio de titulación, donde todos hacen mutis. Así la realidad hoy.

Hoy todo quiere resolverse mediante cursos, charlas, debates que no tienen razón, cuando el Estado de Derecho y la constitución con la norma simplemente se cumple y se aplican. No hay medias tintas en ello. Es muy fácil decir que las cosas jurídicamente o socialmente andan mal porque no hay ley y orden constitucional, cuando está frente a las narices de quienes han abdicado de aplicarla, lo que significa una omisión en el servicio público sancionable. Pero no se dan cuenta no por tontos, sino por sínicos y perversos que buscan a toda costa seguir dividiendo a este país más de lo que esta, llámense grupos de izquierda, derecha, conservadores, fifís, chairos, traidores a la patria, solo faltan que nos llamen cobardes, asesinos, basuras humanas, todo lo que conlleve a que un día, sin más ni más, grupos de mexicanos sin saber que son hermanos de una misma sangre y pasado, llamen así mismos a la violencia, al desorden a la muerte, en un país donde ésta parece tiene autorización para ejercer su maldita función de destrucción.

Rousseu llamó gobierno al cuerpo intermediario entre súbditos y soberano para su mutua comunicación, a quien le corresponde la ejecución de las leyes y el mantenimiento de la libertad tanto civil como política. ¿La practicamos? ¿La ejercemos? ¿La violamos? Quedan al aire y a la reflexión estas interrogantes.

Salvador Valencia Carmona en su clásico “Derecho Constitucional Mexicano a fin de siglo”, profundiza más que el de la voz en lo que debe ser un Estado Político y Social, que respete el Estado de Derecho, el decir que, el estado social está a revisión en la política y el derecho, en las que se habla de “crisis del estado social”, que se transita “del estado de bienestar al estado de malestar” que el estado social debe ser modesto, eficiente y debe luchar contra “el estado megalómano”. Agregaría los estados y autócratas 3P, cada vez más vistos en el mundo y sus constituciones, deformando el Estado de Derecho, para crear uno propio. No debe ser así y no se debe permitir. Es menester que quienes creemos en la nobleza del Estado de Derecho y nuestra constitución, no debatamos el Estado de Derecho, porque no hay nada que debatir, sino hacerlo cumplir.