Por Mouris Salloum George

Otro año de irregularidades en el manejo de los fondos públicos nacionales: al menos 11 mil millones de pesos resultaron sin justificar debidamente en el ejercicio presupuestal 2021, conforme a las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este órgano fiscalizador es el encargado de revisar y exigir cuentas a los tres poderes de la unión; a todos los organismos o dependencias, personas morales y físicas, públicas o privadas, que ejerzan fondos públicos; en los niveles federal, estatal y municipal.

Como resultado de las irregularidades -y al margen de las aclaraciones que rindan los involucrados-, por lo pronto, hay de por medio al menos 30 demandas interpuestas por la ASF ante la Fiscalía General de la República (FGR). Se presume la comisión de delitos de alto impacto, según el auditor David Colmenares, al rendir su informe el 28 de octubre reciente.

La presentación de la cuenta pública es un evento anual; constituye el espejo del ejercicio presupuestal y de la administración pública. Lo que refleja es que, a pesar del costoso entramado anticorrupción de México, el mal persiste.

Durante décadas, los gobiernos han invertido recursos incuantificables en la creación y mantenimiento de una amplia burocracia; asimismo en la adopción de leyes para vigilar y regular el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Sin embargo, pareciera que están de adorno entidades como la Secretaría de la Función Pública; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), y la propia ASF.

Los funcionarios corruptos violan leyes como la de Fiscalización Superior de la Federación, la de Responsabilidad de los Servidores Públicos; la de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y otras.

El presidente López Obrador repitió -durante su larga lucha por la Presidencia- que “la corrupción es un cáncer” y que, eliminándola, él podría ahorrar millonarios fondos para destinarlos al desarrollo social.

En estos días AMLO cumple cuatro años de aquel festivo acceso al poder, en el políticamente histórico diciembre de 2018. Había muchas esperanzas en el cambio; se sentía el gusto, incluso entre los más escépticos.

Aunque el presidente reitera todos los días que “ya no hay corrupción”, que su sexenio y su equipo de gobierno son diferentes, lo que arrojan los datos de la ASF en estos cuatro años es que los malos manejos persisten.

El tiempo se le acaba al mandatario y la extendida corrupción en todo México será una de sus batallas perdidas. Es un destino inaceptable.