Por: Zaira Rosas

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En el norte del país circuló un audio falso de WhatsApp, en el cual se habla de una supuesta cacería de mujeres, a través del cual se ofrecían desde 10 mil hasta 20 mil pesos por cada víctima. De acuerdo a autoridades oficiales el audio es falso y carece de sustento. Lo que sí es real es el número de personas desaparecidas en el país, donde un gran porcentaje corresponde a mujeres.

Tan solo en San Luis Potosí en marzo se registraron 64 fichas de búsqueda, de las cuales 28 pertenecen a mujeres. En Nuevo León se sumó a la lista de feminicidios el caso de María Fernanda, una joven de 27 años, cuya desaparición fue reportada al instante, cuyos padres de inmediato avisaron a la policía sobre su última ubicación y ahora la joven fue localizada sin vida en el mismo punto.

En Querétaro una niña de 6 años, de nombre Victoria Guadalupe, desapareció el pasado 6 de abril, mientras se dirigía a la papelería. Sin embargo, no regresó, a los dos días en la misma zona de su desaparición la niña apareció sin vida, envuelta en plástico y claramente colocada posterior a una exhaustiva búsqueda.

El caso de María Fernanda y el de Victoria tienen algo en común, como seguramente muchos otros en los que se atenta contra la seguridad de las mujeres. Sus familiares reportaron de inmediato todo lo que sabían, se dieron a la tarea de buscar a las víctimas e incluso entregaron datos de gran utilidad para su pronta localización, no obstante, la aparición de los cuerpos llegó llena de dolor, pues habían sido asesinadas.

En ambos casos se desconoce qué ocurrió, no es la primera vez que una niña o una joven se suman a la lista de feminicidios, tampoco es el primer caso en el que las autoridades prometen que caerá todo el peso de la ley sobre los responsables. Ha habido historias de terror donde los padres saben que sus hijas están en un lugar corriendo un grave peligro y las mismas autoridades les impiden actuar, para después tener que recuperar los cuerpos sin vida.

Mientras todo esto ocurre hay gobiernos y miembros de la sociedad que se indignan ante los actos de protesta durante las marchas feministas, se quejan de quienes rompen cristales, de monumentos o muros que se pintan con los nombres de las víctimas. Hoy los muros vuelven a estar limpios, las ventanas con todos sus cristales y los monumentos se han restaurado.

Hoy el número de feminicidios se ha incrementado y la indignación de la sociedad no es tan grande como para lograr que, así como se protege a los edificios se proteja a las mujeres. La policía que de inmediato actúa como barrera ante una

manifestación, se ha visto limitada para dar tranquilidad a los familiares de las víctimas.

Hasta que la historia de dolor no está lo suficientemente cerca, no dimensionamos cuán grave es la situación. Hoy los vecinos de Victoria se suman a la indignación de un cuerpo arrojada en medio de la búsqueda y sin mayor indicio de su aparición. Los padres de María Fernanda exigen justicia y una investigación certera de qué fue lo que pasó. Ambas víctimas eran buscadas por sus familiares, les esperaban en casa, pero qué pasa con las que nadie sabe que salieron, con aquellas que no tienen a quien avisar que han llegado bien.

¿Cuánto vale una vida para que las autoridades brinden la debida atención? ¿Qué estadísticas bastarán para que tengamos verdadera sensibilidad? Si casos como los de Abril, Fernanda, Samara, Monse, Victoria y todas las víctimas que podamos nombrar no nos estremecen lo suficiente, ¿Cómo podremos verdaderamente obtener la justicia que cualquier humano merece? Los monumentos siempre se pueden restaurar, su cuidado tendrá sin duda un costo. Pero la vida no.