• Han detectado 68 casos cometidos en las zonas de Xalapa, Coatepec, Xico, Banderilla y Emiliano Zapata, sobre todo a adultos mayores: Teresa Carvajal 

  Irineo Pérez Melo.- Unas 68 familias de la región de Xalapa, Coatepec, Xico, Banderilla y Emiliano Zapata han sido víctimas de fraude por un grupo de “agiotistas”, quienes en colusión con notarios público, despojándolos de sus propiedades, ante la pasividad de las autoridades de la Fiscalia General del Estado.

  Teresa Carvajal Vázquez, representante legal de El Barzón de Resistencia Civil en el estado de Veracruz denunció lo anterior, quien dijo que en la gran mayoría de los casos los afectados son adultos mayores y de personas con grandes necesidades económicas que los llevó a solicitar un préstamo, sin imaginarse las consecuencias que ello les acarrearía. 
  Dio a conocer que desde el pasado 5 de diciembre se hizo la denuncia pública, el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, A. C., Adolfo Montalvo Parroquín declaró que los agiotistas Arturo T y Rafael C., pudieron haber sorprendidos a sus agremiados.

  “Esto resulta inverosímil al considerar la cantidad de actas y escrituras que han ejecutados los fedatarios Maylé Hernández Rojas y José Alberto Polito Sánchez, y ante la pasividad de la FGE, se tienen 59 casos que, con los 9 anteriores, suman 68 que son procesos civiles abiertos a punto de poder ser objeto de un desalojo”, añadió la barzonista.

  Acompañado del abogado Felipe Fernández Basilio, explicó que los 68 casos tienen coincidencias que hacen presumir que está red se encuentra activa y al parecer los notarios se ven beneficiados con estos trámites fraudulentos y no se da la supuesta sorpresa de la buena fe con la que actúan los fedatarios.

  “La «banda» de agiotistas opera de la siguiente manera: primero coloca un anuncio en el periódico para personas que requieren dinero, cantidades no muy grandes y que generalmente se enfocan en adultos mayores o con problemas económicos fuertes”, expuso el abogado que está defendiendo dichos casos.
  Una vez enganchados, dijo, citan a la persona en las oficinas donde se encuentran; les piden que lleven sus escrituras para garantizar el préstamo, porque la manera en que dan el dinero es a través de un crédito hipotecario; el problema es que los «cabecillas» ya mencionados, les dicen que van a acudir ante un notario, pero han identificado qué son no más de 3 o 4 fedatarios públicos.

  Con engaños los obligan a firmar poderes amplios e irrevocables y mandatos para poder disponer de sus viviendas; esos mismos agiotistas, con el apoyo de los notarios, posteriormente simulan una compraventa y tramitan una nueva escritura para desalojar a los dueños de las viviendas y en donde aparecen como dueños Arturo T y Rafael C.

  Expresó que Una vez que tienen la escritura, acuden con los notarios para hacer una nueva escritura y entonces inician un juicio civil para hacer el desalojo y les entreguen la propiedad que supuestamente les vendieron.
  Cuando los dueños se enteran que su propiedad fue vendida una vez que les llega la demanda, entonces los agiotistas les dicen a los afectados que no se preocupen que pueden seguir pagando y pararán el juicio, aunque éste avanza sin que las personas estén enteradas, al final consiguen la sentencia de desalojo.

  Dio a conocer que este tipo de casos se han detectado en la zona centro de Xalapa, en las colonias, en Coatepec, donde habría alrededor de 30 casos de este tipo. También se tienen en Xico, Banderilla, Emiliano Zapata, es decir, pertenecen al distrito judicial de Xalapa y Coatepec.

  Ante esta situación, Carvajal Vázquez dio a conocer que entregarían un oficio al Gobernador para que, en el marco de sus facultades, intervenga ante esta problemática que está sucediendo y se investigue a fondo.

  De igual manera, a la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, revisar la legislación vigente que permite la figura del Poder Amplio e Irrevocable sobre una propiedad pues vulnera los derechos económicos y humanos de las familias que necesitan acceder a créditos.

Existen herramientas justas que permitan garantizar el pago de una deuda sin poner en riesgo el patrimonio familiar, señaló por último.